miércoles, 20 de noviembre de 2019

Perspectiva de género en los distintos compromisos internacionales. Laura Rodríguez



Análisis desde una perspectiva de género sobre los distintos compromisos internacionales asumidos por Colombia  

El presente trabajo busca identificar la incidencia del género en los tratados de libre comercio, es decir, se busca realizar un análisis conceptual desde una perspectiva de género sobre algunos de los Tratados de Libre Comercio entre Colombia y Canadá y la Alianza del Pacífico. Como punto de partida del presente ensayo, debe tenerse en cuenta que los temas de género en la inclusión del articulado de los Tratados no es algo innovador y de tiempo atrás se han tenido en cuenta. Por ejemplo, en el TLC entre Colombia y Canadá el tema se trata desde una perspectiva macro y no existe un acápite como tal dedicado a la cooperación para la desigualdad social referente al género, pero se trata desde el ámbito de la cooperación laboral; mientras que, por otro lado, en la Alianza del Pacífico, a pesar de no establecerse específicamente un artículo para tratar el tema sí establece que uno de los grupos técnicos se dedicará exclusivamente a tratar los temas de género que se presenten en la agenda de trabajo.  Ahora bien, Colombia es un país que no es indiferente a la problemática que genera la desigualdad de la mujer frente a las oportunidades educativas y laborales, así a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Colombia, en cabeza de la entonces directora de asuntos económicos, sociales y ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores Paula Caballero y su equipo, 193 países acordaron alcanzar 17 grandes propósitos sociales, económicos y medioambientales, entre ellos uno denominado: “igualdad de género”,  para mejorar las condiciones de vida en el mundo[1].

En primer lugar, es importante resaltar el marco globalizado en el que hoy en día nos encontramos, donde la gran mayoría de los países – por no decir todos – buscan mecanismos de expansión acercándose a las grandes potencias para generar beneficios internos y darle cabida a una apertura económica y social mucho más extensa y dinámica. Es así como en este sistema globalizado los países comercian y mantienen relaciones comerciales con otros países, donde lo que se busca es un mayor flujo comercial, con el fin de generar beneficios mutuos[2]. Incluso, algunos autores consideran que “desde finales de los años sesenta el escenario económico internacional se ha caracterizado por una rápida sucesión de continuas y profundas transformaciones que constituyen, toda una transición hacia un nuevo ordenamiento de la economía mundial”[3].  En general, considero que el autor Jan Marco Müller sintetiza adecuadamente esta idea al comprender que los últimos años han estado marcados por el desarrollo de una nueva economía global basada en conceptos neoliberales, cuyo principio fundamental es la libertad de los mercados eliminando cualquier tipo de proteccionismo nacional[4]. Esto se traduce en: un flujo libre de mercancías, productos y servicios. 

Ahora bien, Colombia no ha sido un país exento de este avance y tendencia a la liberalización del comercio. Con la llegada de la Constitución de 1991 el país experimentó uno de los momentos más importantes, lleno de cambios que se orientaban a la adaptación de las nuevas circunstancias internacionales. Según Carlos Juárez, “desde un principio, con la apertura económica, Colombia adoptó políticas de comercio exterior para liberalizar el comercio y buscar nuevas relaciones comerciales con otros países; y en especial para adaptar el modelo político institucional al modelo internacional establecido por la globalización, pues de otro modo podría haber llevado al aislamiento comercial”[5]. Todo lo anterior, se evidencia en los acuerdos comerciales que Colombia ha implementado para promover su dinámica comercial y su apertura económica con los demás países vecinos, así como ha propendido por generar cada vez más relaciones sólidas con las grandes potencias[6].

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, resulta necesario hacer referencia a los tratados de libre comercio, desde su definición hasta su integración en la política exterior de Colombia. Según el autor Gustavo Hernández, un tratado de libre comercio (TLC) es entendido como “un compromiso firmado entre diferentes países para eliminar o disminuir los aranceles entre ellos, independientemente de los aranceles fijos con los países que no se encuentran dentro del acuerdo[7]”. El principal ejemplo de la liberalización económica experimentada por Colombia es el TLC firmado con Estados Unidos, para Espino este proceso de liberalización comercial está justificado principalmente sobre la base de sus efectos positivos sobre la eficiencia productiva y el crecimiento económico[8]. Entre algunos TLC suscritos por Colombia, se encuentra el TLC con México, Guatemala, la Unión Europea, Estados Unidos, Corea, Canadá y la Alianza del Pacífico, en este caso concreto, haré referencia y enfocaré el análisis respecto de los dos últimos orientándolos desde una perspectiva de género. El TLC con Canadá es un “acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, sus cartas adjuntas y sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Lima, Perú el 21 de noviembre de 2008, y el canje de notas que corrige el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Canadá” el 18 y 20 de febrero de 2010. El acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso colombiano. El Acuerdo entró en vigor el 15 de agosto de 2011”[9].  Ahora bien, la Alianza del Pacífico no es propiamente un TLC, se trata de “un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”[10].

Antes de ahondar en los aportes de los estudios de género al mundo globalizado, es necesario aclarar qué se entiende por género. Para Espino y Azar este concepto, a diferencia del de sexo que tiene que ver con las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, se refiere a “la construcción cultural y social por la cual los individuos tienen roles distintos según su sexo, que implican diferentes posiciones jerárquicas en la sociedad”[11]. De esta forma, desde la perspectiva de García Trujillo, “las relaciones de género se determinan a partir de esos diferentes roles sociales y suponen distintas responsabilidades, necesidades, y posibilidades de acceso y control de los recursos y la toma de decisiones”[12].

Ahora bien, no es un asunto nuevo la incorporación de los estudios de género en temas relacionados con la macroeconomía, el comercio y la prosperidad sociocultural de un país. Según García Trujillo, “desde la década de los sesenta, los estudios de género han ido ganando espacios y reconocimiento dentro de las ciencias sociales”[13]. De igual forma, continúa explicando que, desde los estudios de género se ha venido demostrando que los efectos positivos de las políticas neo – liberales implementadas en el Tercer Mundo y particularmente en América Latina, durante las últimas décadas han sido sobredimensionados, ya que estos no han dejado ver, por ejemplo, el impacto negativo que se dio con el trabajo reproductivo de la mujer. Considero que desde esta afirmación es posible concluir que, si bien desde décadas inmemorables la mujer se ha encontrado en una situación de desventaja laboral, desde la forma en la que es remunerada en el ámbito laboral hasta la discriminación que se genera para ingresar de forma digna a un trabajo, hoy en día no es un tema que no cobre relevancia y más bien, desde la colaboración entre los países con un desarrollo más evidente se han podido expandir políticas, acuerdos y medidas de implementación de los estudios de género en los diferentes mecanismos de expansión y globalización.

En tercer lugar, del estudio específico de los instrumentos en los que Colombia es parte se observa que no se trata el tema de género desde una perspectiva centralizada, sino que se hace por medio de objetivos macro y reafirmando el compromiso con otros instrumentos internacionales que propenden por la satisfacción de los Derechos Humanos y Fundamentales. Por un lado, desde la perspectiva del TLC entre la República de Colombia y Canadá encontramos que, a pesar de no dedicar un acápite exclusivo a la inclusión de género, trata el tema desde la colaboración en el mercado laboral. En primer lugar, en el articulado del TLC las partes afirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en la Declaración OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y su Seguimiento (1998). De esta forma, reafirman su compromiso con “la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano, con el fin de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico”[14]. Pertenecer a la OIT y reafirmar los compromisos con ésta, implica un seguimiento constante de ayuda y mejora con las políticas encaminadas a la satisfacción de los compromisos allí estipulados. En este contexto, “la Oficina de la OIT para la Igualdad de Género (GENDER) brinda asistencia y asesoramiento con respecto a la incorporación de las cuestiones de género en las fases de concepción, aplicación y evaluación de los proyectos de cooperación técnica de la OIT”[15].

En línea de lo anterior, en el artículo 1604 del texto del TLC en cuestión se establece que con el fin de desarrollar los objetivos a los que se comprometen las partes para asegurar una eficiente colaboración en el ámbito laboral, ha de establecerse una serie de obligaciones mutuas, las cuales se encuentran señaladas en la Ley 1359 de 2009: “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia[16]”. De este modo, las partes no solo se obligan a realizar y ejecutar actos que propendan por el desarrollo desde una perspectiva del ámbito laboral, sino que se obligan a “no dejar de aplicar o de otra forma dejar sin efecto, ni ofrecerá dejar de aplicar o de otra forma dejar sin efecto su legislación laboral de una manera que debilite o reduzca la observancia de los derechos laborales internacionalmente reconocidos en dicho acuerdo, como una forma para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio”[17]. Es tal el compromiso que asumen las partes con la cooperación laboral que el Acuerdo de Cooperación Laboral prevé el desarrollo de un plan de acción de actividades de cooperación laboral para la promoción de los objetivos allí plasmados, entre los cuales, está brindar y asegurar las condiciones de trabajo en términos de igualdad tanto en oportunidades como en la distribución de la riqueza fruto de dicho trabajo.

En conclusión, del análisis del TLC entre la República de Colombia y Canadá desde una perspectiva de género, se observa que a pesar de no existir un acápite dedicado a tratar de manera específica la inclusión de temas de género, sí lo hace por medio de la incorporación del compromiso que asumen las Partes respecto a una mutua cooperación con el desarrollo de las oportunidades laborales reafirmando los objetivos que se fijan en la Declaración de la OIT. Reafirmar dichos compromisos implica asumir medidas que mitiguen o solucionen las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, así tanto la República de Colombia como Canadá han entendido la importancia de la igualdad de género para impulsar el desarrollo sostenible de un país.

Por otro lado, al realizar el mismo análisis sobre la Alianza del Pacífico, de entrada se observa que los Estados Parte – La República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú – optaron por realizar una integración regional como instrumento para que los Estados de América Latina avancen en su desarrollo económico y social sostenible, promoviendo una mejor calidad de vida para sus pueblos y contribuyendo a resolver los problemas que aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social. El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entra en rigor, sin antes advertir el compromiso que tienen la República de Colombia y la República del Perú como Países Miembros de la Comunidad Andina, lo que significa que, bajo dicho articulado, no se pueden comprometer a llevar a cabo fines u objetivos que contraríen las disposiciones y compromisos plasmados bajo la Comunidad Andina. Así, uno de los objetivos principales de dicho Acuerdo y que está completamente acorde y fundado en ésta es aquel que pretende “impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes[18]”. Debe tenerse en cuenta que Colombia, al ser un país miembro de la Comunidad Andina, cuenta con el apoyo del Consejo Andino de Altas Autoridades de la Mujer e igualdad de Oportunidades – CAAAMI[19] -, el cual fue creado mediante Decisión 711 de agosto de 2009 y ratifica el compromiso de los países andinos por trabajar de manera conjunta para lograr la igualdad de mujeres y hombres.  

Ahora bien, pese a tratarse el tema desde una perspectiva macro, la Alianza del Pacífico dedica un grupo técnico especializado en tratar los temas de género que se presenten dentro de la correspondiente agenda. Así, hoy en día el Grupo en mención en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su iniciativa Mujeres ConnectAmericas, viene realizando un estudio para identificar las principales barreras que frenan la participación de las mujeres empresarias en el comercio exterior[20]. El principal objetivo de este estudio es generar un panorama general a nivel de la Alianza del Pacífico que permita identificar la situación actual respecto a la desigualdad en la que se encuentran las mujeres para “diseñar e implementar instrumentos y programas de apoyo empresarial conjuntos para promover el crecimiento y la participación de las mujeres empresarias en el comercio intra – Alianza y en las cadenas regionales de valor”[21].

Por último, al realizar un análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entendidos como “un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” es posible concluir que, a diferencia del estudio del Tratado con Canadá y el Acuerdo de la Alianza del pacífico, acá se establece un objetivo específico dedicado a luchar contra la desigualdad de género. El ODS 5 “Igualdad de género” se basa en el pensamiento consciente a través del cual se busca proteger la igualdad de las mujeres mediante el empoderamiento de las mismas para generar un efecto multiplicador en el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, no solo de una Nación, sino de la comunidad global. Así, este objetivo se materializa con una serie de metas que tienen como único fin disminuir y eventualmente erradicar por completo – de aquí al 2030 -, todas las manifestaciones de violencia y agresión contra la mujer que la llevan a encontrarse en una situación de desventaja. Una de las metas consiste en “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública[22]”. Ahora bien, para lograr que este objetivo se extienda no sólo hacía una Nación sino hacía la comunidad global, se establece el ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”, donde lo que se busca es crear alianzas entre los gobiernos con una visión y metas compartidas, el sector privado y la sociedad civil para mejorar el Desarrollo Sostenible. Con la cooperación entre las Naciones desarrolladas con aquellas que se encuentran en proceso de desarrollo se pretende intercambiar los conocimientos, la especialización, la tecnología y los recursos financieros, para crear un sistema de comercio y social multilateral universal abierto no discriminatorio y equitativo.

Colombia se encuentra cien por ciento comprometida con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” contempla objetivos y metas estratégicas orientadas a la generación y fortalecimiento de las condiciones necesarias para construir una sociedad en paz, equitativa y educada. Del mismo modo, “el 18 de febrero de 2015, el país dio un paso que lo puso a la vanguardia del tema en el mundo mediante la creación, por parte del entonces presidente Juan Manuel Santos, de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus ODS”.  

En conclusión, los temas de género sí se han venido incluyendo paulatinamente en los compromisos internacionales en los que Colombia es Parte. En el TLC con Canadá, el tema no se profundiza de una manera directa, pues se trata de abordar la desigualdad de género por medio del establecimiento de unas condiciones óptimas en el mercado laboral, reafirmando los compromisos con la OIT; en donde uno de los principales pilares consiste en el aseguramiento de las oportunidades laborales observando y respetando los derechos fundamentales de cada persona, entre los que se encuentra el trato digno e igualitario.  En el Acuerdo de la Alianza del Pacífico pasa algo similar, pues tampoco hay un acápite dedicado a combatir dicha problemática, sino que, por el contrario, se trata desde una perspectiva mucho más amplia y quizás un poco abstracta pues se fijan objetivos mutuos para asegurar el bienestar de la comunidad, entre los que se encuentra brindar espacios libres de desigualdad socioeconómica. No obstante, contrarío al TLC con Canadá, el Acuerdo de la Alianza del Pacífico creó grupos de trabajo para la efectiva materialización de dichos objetivos, de esta manera hay un grupo técnico dedicado a tratar única y exclusivamente los temas de género que resulten fruto de las discusiones y reuniones de la agenda de trabajo, razón por la cual, es más fácil estar en contacto con la problemática actual y buscar soluciones, medidas, mecanismos y herramientas eficientes para disminuir los índices de desigualdad en el ámbito laboral, el cual influye directamente en el comercio exterior y el desarrollo sostenible de un país.

Se desprende entonces que, los últimos veinte años han sido positivos para la situación de la mujer en el mundo del trabajo y la igualdad de género en la sociedad. La cantidad actual de mujeres instruidas y que participan en el mercado laboral no tiene precedentes, y hay más conciencia de la importancia crucial de la igualdad de género en las iniciativas para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible[23]. Colombia es un país que actualmente se encuentra comprometido con incluir temas de género dentro de sus propuestas hacía un desarrollo económico y social próspero tanto nacional como internacionalmente con el acuerdo y la alianza con otros países; es decir, a través de la cooperación con otros países se está tratando de mitigar el problema que genera la desigualdad de género en la órbita macroeconómica de un país.

El compromiso que ha asumido el estado colombiano se relaciona con el mandato constitucional establecido en el artículo 43 según el cual “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.”, razón por la cual, el diseño, implementación y evaluación de las Tratados y Acuerdos a los que se une y adopta como propios deben incluir y en ningún momento desconocer el enfoque de género que pretende responder a los lineamientos de la Política Pública interna.




BIBLIOGRAFIA:

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Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Avance global sobre las tendencias del empleo femenino 2018 Oficina internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2018.







[1] Chavarro Diego, Vélez María Isabel, Tovar Galo, Montenegro Iván, Hernández Aleidys & Olaya Aleandro. “Los objetos de Desarrollo Sostinible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación” Documento de Trabajo No. 1 – Colciencias, Subdirección General. Diciembre / 2017.
[2] Prieto Daniel, Borja Jesús & Ballesteros Stalin. (2017). Tratados de Libre Comercio y competitividad, una lectura alternativa desde la nueva geografía económica. Universidad del Magdalena Pág. 160.  
[3] Madrigal Muñoz, N. (1998). El tratado de libre comercio de América del Norte y la integración hemisférica: realidad e incertidumbres. Pág. 179.
[4] Müller, J.M. (2003). El impacto de la apertura económica sobre el sistema de transporte y el desarrollo regional en Colombia. Territorios: Revista de Estudios Regionales y Urbanos, (10/11), 145 – 172. 
[5] Juarez, C. (1993). Trade and development policies in Colombia: Export promotion and outward orientation, 1967 – 1992. Studies in comparative international development, 28(3), 67 – 97.
[6] Ver anexo 1. Tomado de: Baena Rojas, J.J. (2019). La Política de Comercio Exterior y las exportaciones colombianas. Revista de Economía Institucional, 21 (41), 51 – 70.
[7] Hernández, G. (2014). Una revisión de los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Pág. 52. 
[8] Espino, A. (2003). Los procesos de integración regional: el caso de ALCA desde una perspectiva de género. En P. Villota (Ed.). Economía y género: macroeconomía, política fiscal. Análisis de su impacto sobre las mujeres (pp. 405 – 426). Barcelona: Icaria.  
[9] Tomado de: https://www.cvn.com.co/tratados-de-libre-comercio-vigentes-en-colombia/
[10] Ibídem.
[11] Espino A. y Azar, P. (2001),El comercio internacional: ¿Una oportunidad para la equidad social y de género? Pág.1)
[12] Garcia Trujillo. (2007).  El Tratado de Libre Comercio TLC visto desde una perspectiva de Género. The Free Trade Agreement Seen From a Gender Perspective.  Pág. 517.
[13] Ibídem, Pág. 516.
[14] Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998.
[15] Conferencia Internacional del Trabajo, 101. Reunión, 2012. Informe VI: “Principios y derechos fundamentales en el trabajo: del compromiso a la acción”.  Oficina Internacional del Trabajo (Ginebra)
[16] “Cada parte asegurará que sus leyes, reglamentos y prácticas correspondientes, contengan y provean protección a los siguientes derechos y principios internacionalmente reconocidos: d) la eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación”.  Tomado de la revisión del texto de la Ley 1359 de 2009.
[17] Articulo 2º de la ley 1359 de 2009: “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”  
[18] Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, Artículo 3 b)
[19] El tema de género e igualdad de oportunidades fue abordado en la Agenda Estratégica Andina, de acuerdo en el Plan Integrado de Desarrollo Social, para lo cual el CAAAMI impulsó activa y permanentemente el trabajo en esta materia, a través de acciones enmarcadas en el Programa Andino para la Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades”. Tomado de: www.comunidadandina.org/sección.aspx/géneroeigualdaddeoportunidades
[20] Noticias Alianza del Pacífico. GT de Género: “Grupo Técnico de Género lanza encuesta para identificar la participación de mujeres en el comercio exterior en Colombia y Perú”. Febrero de 2019. Tomado de: https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-genero-lanza-encuesta-para-identificar-la-participacion-de-mujeres-empresarias-en-el-comercio-exterior-en-colombia-y-peru/
[21] Ibídem.
[22] Naciones Unidas – PNUD: Objetivos de desarrollo sostenible. Tomado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
[23] Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Avance global sobre las tendencias del empleo femenino 2018 Oficina internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2018.


LAURA SOFÍA RODRÍGUEZ CASTRO

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