LA REGULACIÓN CONTRACTUAL DEL ESTADO EN LOS
TLC´s.
1. INTRODUCCIÓN
La Contratación Estatal ha sido
una de las principales preocupaciones, en materia comercial, que ha tenido la
Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC), y en consecuencia a dicha
preocupación se expidió el Acuerdo General sobre la Contratación Pública (por
sus siglas en inglés GPA[i]).
Esta área ha sido por un largo
tiempo excluida de la regulación expedida por parte de la OMC, desde la
creación del GATT de 1947, lo cual continuó en el GATT de 1994 y de igual forma
continúo así en los GATT expedidos bajo la OMC[ii].
Debido a la necesidad que se
presentaba de liberalizar económicamente la Contratación Pública, se llevó a
cabo una negociación en la rueda de Tokio la cual tuvo lugar entre 1973 y 1979. Esta se basó en la iniciativa de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que dio como resultado
el primer acuerdo en materia de Contratación Pública emitido por un organismo
internacional. Dicho acuerdo contenía obligaciones características del comercio
internacional como lo son las obligaciones de No Discriminación y de la Nación
Más Favorecida. Ese primer acuerdo se volvió vinculante el primero de enero de
1981[iii].
A lo largo de los años, los
Miembros del GATT y de la OMC han estado por lo tanto buscando diferentes maneras
de abordar la cuestión de la contratación pública en el marco del sistema
multilateral de comercio[iv].
Las partes participantes de la
ronda de Tokio, presentes igualmente en el desarrollo de la Ronda de Uruguay,
evidenciaron la necesidad de ampliar el cubrimiento de dicho acuerdo, lo que terminó
con la expedición del Acuerdo sobre la Contratación Pública de 1994, el cual
únicamente aplicaría a los miembros de la OMC que hayan escogido libremente
adherirse al mismo. El principal problema que encuentra dicho acuerdo es que no
todos los miembros de la OMC se han acogido a él, y la mayoría de los países en
desarrollo están excluidos[v].
El alcance que se ha dado para el
GPA acoge dos aspectos: el primero de ellos corresponde a cuáles de las
entidades estatales se encuentran cubiertas por las disposiciones que este
trae; y segundo cuáles formas de contratación se regulan. En relación con los
dos puntos anteriores no se encuentran reglas comunes en el GPA, lo cual
ocasiona, que esos vacíos que se encuentran sean cubiertos de forma bilateral,
basados en el principio de reciprocidad[vi].
2. LA
REGULACIÓN INTERNACIONAL
2.1 LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC):
La OMC en materia de contratación
estatal, en concordancia a lo anteriormente establecido, posee dentro de su
regulación un acuerdo que reglamenta lo relativo a la contratación pública en
el marco del comercio internacional. Dicho convenio tiene como finalidad lograr
abrir las operaciones de gasto público a la competencia internacional. Este
pacto no es ajeno a la realidad que se vive en gran parte de los países del
mundo, de tal forma que se traza como objetivo “…aumentar la transparencia de
las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relacionados con la
contratación pública y garantizar que no protejan a los productos o proveedores
nacionales, ni discriminen entre productos o proveedores extranjeros.”[vii].
Este acuerdo según la OMC, es el
“único acuerdo jurídicamente vinculante de la OMC que trata específicamente de
la contratación pública. Es un tratado plurilateral administrado por un Comité
de Contratación Pública, que está compuesto por los Miembros de la OMC que son Partes
en el ACP y, por consiguiente, tienen derechos y obligaciones en virtud del
Acuerdo.”[viii].
Este comité tiene como finalidad dar a las partes la oportunidad de consultarse
sobre las cuestiones relativas al funcionamiento del acuerdo[ix].
En consecuencia a lo que se ha
señalado, el Acuerdo sobre la Contratación Pública, tiene principal relevancia
en este tema en la medida en que busca abrir el comercio para la satisfacción de las necesidades del
Estado, de tal forma que en tales procesos puedan intervenir productores y
proveedores de los demás países. Todo esto se hace en el marco del respeto de
los principios del Trato Nacional y de No Discriminación lo cual se encuentra
señalado en el artículo III de dicho acuerdo, con lo cual se busca que no se
otorgue un trato menos favorable al que se da a los productos, servicios y
proveedores nacionales; y a los productos, servicios y proveedores de cualquier
otra parte[x].
Con todo lo anterior, al analizar todos los artículos que conforman el Acuerdo
Sobre Contratación Pública de 1994, se puede concluir que en ninguna de sus
disposiciones se regula la adquisición de productos digitales, creando un vacío
jurídico en dicha materia.
2.2 EN
LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN):
En cuanto a disposiciones que se
han creado por parte de este organismo
internacional, se puede señalar que la única normatividad que hace referencia a
este tema es la Decisión 439 en el artículo 4, en el cual se excluye de manera
expresa la aplicación de las disposiciones de la referida normatividad, a los
temas de contratación estatal, pero, se establece que las relaciones en materia
de compras públicas se les aplicará el principio del Trato Nacional entre los
países miembros.
De lo anterior se puede señalar
que en el seno de la CAN, no se ha dado el debate que si se ha realizado al
interior de la OMC, en la cual si existe una normatividad expresa acerca del
tema en estudio, a pesar de las diferentes críticas que se le han hecho. Se
tiene que el tema de la contratación pública ayuda a los diferentes países a
poder acceder con mayor facilidad a productos que se producen en otros países y
que pueden colaborar a un mejor desempeño por parte del Estado.
2.3 EL
DECRETO 734 DE 2012 Y EL DECRETO 1510 DE 2013:
En el decreto 734 de 2012, se
encuentran varias referencias a la contratación internacional por parte de
Entidades del Estado, de tal forma que dicho decreto hace una remisión expresa
a los Acuerdos Internacionales y a los Tratados de Libre Comercio que vinculen
al Estado colombiano.
A su turno, una de las primeras
tareas que deben realizar las entidades será establecer si, la contratación que
pretenden realizar, se encuentra o no cobijada por los mismos. Cuando se
concluya afirmativamente, el referido decreto, señala que se deberá tener en
cuenta las previsiones sobre los plazos del proceso licitatorio que se señalen
en el respectivo Tratado o Acuerdo[xi].
El problema que puede surgir es el caso en el cual un proceso de contratación
se encuentre cobijado por dos o más tratados con diferentes países, el mismo
decreto señala la solución al eventual conflicto, señalando que en este caso se
deberán “…adoptar plazos que permitan cumplir con la totalidad de cada uno de
ellos para el respectivo proceso.”[xii].
Por su parte el decreto 1510 de
2013, señala que en el caso de que el proceso de contratación, que se quiere
desarrollar, se encuentre sujeto a un Acuerdo Comercial, se deberá ajustar
dicho proceso, a los cronogramas de plazos que se señalen en los Tratados
Comerciales[xiii].
A su turno se establece que, en el caso de que se encuentre cobijado por dos o
más Acuerdos, se deberán ajustar dichos plazos de tal forma que se logre
cumplir con la totalidad de las obligaciones que emanan de ellos[xiv].
Un aspecto importante, es la
consagración de la aplicación del principio del Trato Nacional en la
contratación pública, lo cual se consagra tanto en el decreto 734 de 2012 como
en el decreto 1510 de 2013, lo cual deja ver la importancia que los Acuerdos
Comerciales o Tratados de Libre Comercio pueden traer para los procesos de
contratación de las Entidades Estatales.
3. LOS
TRATADOS INTERNACIONALES:
De la lectura que se hace de los
distintos tratados internacionales sobre los que versa este ensayo (Estados
Unidos, Corea, Unión Europea y Costa Rica), se encuentra que la regulación de
cada uno de ellos en lo referente a la contratación pública no difiere mucho.
Se podría llegar a decir que se encuentran más similitudes que diferencias.
En estos tratados se evidencia la
regulación integra de un proceso de contratación, desde la definición de lo que
se entiende por contratación pública cubierta, la fase precontractual (selección
del contratista y adjudicación del contrato)
y los mecanismos de revisión de los contratos que se han celebrado.
Una de las características
principales radica en que en cada uno de ellos se hace una definición de lo que
se entenderá, para efectos del tratado, por contratación pública cubierta.
Pero, se debe resaltar que el ACP de 1994 trae una definición de lo que se
entiende por este concepto en el artículo I.2 el cual la define de la siguiente
forma “las adquisiciones mediante cualquier instrumento contractual, incluidos
métodos tales como la compra, la compra a plazos o el arrendamiento, financiero
o no, con o sin opción de compra, e incluida cualquier combinación de productos
y servicios.”. A juicio del autor Wang Ping, la razón por la cual se da una
definición en los tratados bilaterales sobre lo que es la contratación pública
cubierta, se debe en gran medida a que el concepto propuesto por el ACP, no es
claro[xv].
De otro lado se tiene que los
cuatro tratados mencionados, consagran dos principios de notoria importancia en
el derecho comercial internacional como
son el principio de No Discriminación y el principio del Trato Nacional. De
igual forma, una de las preocupaciones
fundamentales es la necesidad de una cooperación entre las Partes, y en ese
orden de ideas, se señala la creación de un órgano o de un comité encargado de
revisar la aplicación de los postulados sobre la Contratación Pública.
Al hacer un análisis más profundo
se pueden encontrar pocas diferencias, de las cuales la más importante es la
carencia de una mención expresa a la contratación de productos digitales, en
los tratados que se han suscrito y en algunos casos ratificados por Colombia,
el único de estos en el cual se hace alguna mención es en el ratificado con los EUA. Por otro
lado, en algunos casos la regulación que se tiene hace con respecto al plazo
para presentar ofertas, no es del todo uniforme, en la medida en que el tratado
que se tiene suscrito con Corea señala que dicho plazo es de 25 días en el caso
de licitaciones selectivas, pero si se trata de otra forma de selección se
señala que se dará un tiempo suficiente para la presentación de las ofertas[xvi];
por su parte el tratado con Costa Rica, señala que el plazo para las ofertas
será de 40 días, como regla general[xvii];
de igual forma lo hace el tratado que se tiene vigente con los Estados Unidos
de América, en el cual se da la posibilidad de reducir ese término a 30 días
cuando se publiquen avisos con anterioridad (contratación futura) de forma
electrónica y simultáneamente se provean los documentos de contratación también
electrónicamente[xviii];
finalmente el Tratado con la Unión Europea, al señalar el termino para la
presentación de las ofertas habla de plazos razonables, remitiendo al apéndice
6 del anexo XII[xix],
en el cual se establece como plazo mínimo de 25 días.
De lo anterior se puede señalar
que a pesar de compartir, estos Tratados, rasgos en común éstos no son
idénticos, pues se encuentran diferencias, aunque sean pocas, entre ellos.
Para mayor claridad acerca del
tema, se debe revisar el cuadro comparativo de los tratados que se encuentra
como anexo al presente ensayo.
4. ¿EL
TLC CON ESTADOS UNIDOS ES OMC PLUS?
Primero se debe señalar lo que se
quiere decir con que una disposición sea OMC Plus. Este término hace referencia
a que lo señalado en el tratado que se celebra vaya mucho más allá de las
disposiciones dictadas por la Organización Mundial del Comercio.
La Comunidad Andina de Naciones
(CAN) en un Informe que se presentó sobre las negociaciones en materia de
propiedad intelectual, señala que se entiende por el termino OMC Plus “…es un concepto técnico-coloquial que surge de los
principios de la Declaración de San José que dice “El acuerdo de ALCA será
congruente con las reglas y disciplina de la OMC. Con este fin los países
participantes reiteran sus compromisos con las reglas y disciplina
multilaterales de articular con el artículo XXIV del GATT, referido a la
excepción de la cláusula de la nación más favorecida, y al artículo V del
AGCS””[xx] para continuar señalando que “el Acuerdo de Libre Comercio de ALCA, debe tener un
estándar mayor que el de la OMC, dado que todos los países del ALCA son
miembros de la OMC. En caso de no tener un estándar mayor sería una copia y si
tuviese un menor estándar sería un incumplimiento de normas.”[xxi].
De lo anterior se puede colegir
que en el evento en el cual una disposición no vaya más allá de lo que señala
las diferentes disposiciones de la OMC, lo que se estaría haciendo es
reproducir lo que ya se encuentra consagrado en ellas.
En el caso en estudio se
encuentra que hay una disposición dictada por parte de la OMC que es el Acuerdo
sobre la Contratación Pública y por otro lado tenemos los tratados de libre
comercio que han sido ratificados o han
sido suscritos por Colombia.
En estos tratados se evidencia,
como se señaló anteriormente, una regulación integra de un proceso de
contratación, empezando con la definición de lo que se entiende por
contratación pública cubierta, la fase precontractual de la misma (selección
del contratista y adjudicación del contrato)
y los mecanismos de revisión de los contratos que se han celebrado.
Lo anterior no está regulado de una forma completa en el ACP. Por
ejemplo, el artículo referente a los mecanismos de selección de
contratistas únicamente se limita a
enunciarlos pero no los regula a fondo.
En cuanto a lo señalado en el TLC
que tiene Colombia hoy en día vigente con EUA, realizando un estudio sobre el
artículo 9.1 de dicho tratado, se puede establecer que la regulación contenida
en la parte del ámbito de aplicación del ACP es muy pobre en la medida en que
se limita a señalar de manera superficial la aplicación de dicho artículo; en
este se da una definición sobre lo que se entiende por la Contratación Pública
Cubierta la cual, como se señaló anteriormente, no es clara; de igual forma se
señala un umbral, a partir del cual se dará su aplicación.
Por su parte en el TLC con los
Estados Unidos establece de una forma
más completa lo que se entiende por el concepto de Contratación Pública
Cubierta el cual es un concepto mucho más claro ya que contiene en su esencia
no difiere del se establece en el ACP; de igual forma se señalan unos umbrales,
a partir de los cuales tendrá aplicación, no en el mismo capítulo sino en un
anexo que es el 9.1, en la cual además se definen cuáles entidades van a estar
sujetas a la aplicación del Tratado.
La conclusión que se puede sacar
de lo que se ha señalado hasta el momento es que el TLC con los EUA es una
disposición OMC Plus, esto se debe a la falta de claridad del ACP respecto de
la definición de lo que se entiende por Contratación Pública Cubierta. De igual
forma el artículo 9.1 del mencionado TLC señala de forma expresa la inclusión
de productos digitales para la Contratación Pública, aspecto que no se regula
en el ACP.
Por todo lo anterior se puede
establecer que lo señalado en el TLC con los EUA es una disposición OMC Plus.
5. CONTRATACIONES
PÚBLICAS SEPARADAS DE PRODUCTOS DIGITALES
En uno de los aspectos en que
también los Tratados de Libre Comercio son constantes, es en señalar la prohibición de dividir la
contratación pública en contrataciones separadas.
La razón para que exista esta
restricción radica en que, una entidad ya sea colombiana o de la otra parte
dentro del tratado, puede evitar que se aplique el acuerdo comercial
correspondiente, haciendo la contratación de forma separada, de tal forma que
los valores que esta tendría serían inferiores al umbral a partir del cual se
debería dar plena eficacia al TLC correspondiente.
En el Tratado de Libre Comercio
con EUA, se señalan dichos umbrales dependiendo si la entidad pertenece al
sector centralizado, al sector sub-central (hace referencia a la diferentes
Gobernaciones Departamentales en el caso colombiano, y en el caso
estadounidense a los órganos de los diferentes Estados que conforman la unión)
y a otras entidades, como se explica a continuación:
a.
En el sector centralizado para la contratación
de bienes y servicios se tiene un valor igual o superior a US$ 64,786. En el
caso de contrataciones de servicios de la construcción el umbral ser establece
en los US$ 7,407,000; o, pero para Colombia durante los tres primeros años de
vigencia dicha suma será ajustada conforme a la sección I del anexo 9.1 del
tratado, o la suma de US$ 8.000.000 la que sea mayor.
b.
En
el sub-central, se señalaron como umbrales para la contratación para bienes y
servicios de US$ 526,000. Para la contratación de servicios de construcción US$
7,407,000; o, para Colombia durante los tres primeros años de vigencia, la suma
anterior ajustada de conformidad con la sección I del Anexo 9.1 del Tratado, o
la suma de US$ 8.000.000, la que sea mayor.
c.
En
el caso de otras entidades hay que distinguir, en el caso de la contratación de
bienes y servicios, la lista en la cual se encuentre la entidad contratante si
se encuentra en la lista A el umbral se establece en US$ 250,000, pero si se
encuentra en la lista B el límite se señala en los US$ 593,000. En cuanto a la
contratación de servicios para la construcción se establece en US$ 7,407,000;
o, para Colombia durante los tres primeros años de vigencia, la suma anterior
ajustada de conformidad con la sección I del Anexo 9.1 del Tratado, o la de US$
8.000.000, la que sea mayor.
En el caso de que se haga la
contratación de forma separada de productos digitales, es claro que esta
práctica no se puede realizar en la medida en que se encuentra proscrita por
parte de los Tratados de Libre Comercio y particularmente para el caso en
estudio, por el TLC que Colombia tiene vigente con los Estados Unidos de
América.
A juicio del doctor Jesús Córdoba
una de las principales consecuencias de infringir la prohibición de hacer
contrataciones públicas separadas, es la que trae al parágrafo 10 del artículo
9.1 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el cual señala que en
el caso en que se desconozca el valor estimado en una contratación pública, se
deberá sujetar de igual forma a lo señalado en el Capitulo de la Contratación
Pública[xxii].
Lo anterior conlleva a señalar que en caso de que una entidad del estado
colombiano, que se encuentre cobijada por el TLC con EUA, realice varios
procesos licitatorios con el fin de adquirir un mismo producto digital[xxiii],
ese proceso estará cobijado por el Tratado Comercial en comento.
Tal y como se señaló al comienzo
de este capítulo, los Tratados de Libre Comercio que se han suscrito con Corea,
Costa Rica, Estados Unidos de América y la Unión Europea; son unánimes en
señalar la prohibición de hacer licitaciones públicas separadas, señalando, en
el caso del TLC con Corea, que cuando se
emplee dicha táctica, se aplicará el capítulo de contratación pública del
respectivo tratado, lo que sucede en los Acuerdos que Colombia tiene con EUA,
la Unión Europea y Corea. Por su parte el TLC con Costa Rica señala una
prohibición general de estructurar técnicas con el fin de lograr evadir la
aplicación del capítulo de Contratación Pública, pero no señala ninguna
consecuencia en concreto. A su turno el TLC con la Unión Europea tampoco
establece, para el tema en concreto, una consecuencia en específico; pero a
diferencia de los otros tratados si señala la forma en la cual se calculará el
valor máximo total de las adjudicaciones separadas.
Con esta prohibición se
materializan los principios de transparencia, No Discriminación y el Trato
Nacional, en la medida en que permitirán la participación de empresas de otros
países cuando se cumplan con los umbrales señalados en el cuerpo del Tratado;
de tal forma que las compañías de los países con los cuales Colombia tiene
dichos Acuerdos puedan participar en igualdad de condiciones.
En la legislación colombiana el
decreto 734 de 2012, señala que en los casos en los cuales se encuentren
disposiciones especiales en los Tratados o Acuerdos Comerciales
Internacionales, en lo referente a la Contratación Pública, estas serán las que
se deberán tener en cuenta.
Por su parte el decreto 1510 de
2013, señala que es una obligación de las entidades estatales contratantes, velar
por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Tratados o Acuerdos
Comerciales Internacionales, en materia de Contratación Pública.
Se debe señalar que no existe una
prohibición en expresa por parte del decreto 734 de 2012 ni tampoco por parte
del Decreto 1510 de 2013, acerca de la realización de contrataciones públicas
separadas o del fraccionamiento de contratos. Desde mi punto de vista este tipo
de conductas encuadra mejor en una conducta penal como lo es la Celebración
Indebida de Contratos.
Pero en el caso de que se llegue
a fraccionar un contrato con el fin de evadir un proceso licitatorio amparado
bajo las disposiciones de un Tratado de Libre Comercio, resulta claro que la
Entidad quedará cobijada por las disposiciones del tratado que tenga aplicación
para el caso, que en el caso del Acuerdo Comercial con los Estados Unidos, se
daría el uso de dicho Tratado en el proceso licitatorio.
6. IMPLICACIONES
DE LA INCLUSIÓN DE PRODUCTOS DIGITALES EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL
TLC CON LOS EUA.
Para poder definir lo que se
entiende por productos digitales, toca remitirse al artículo 15.8 del TLC con
los EUA que corresponde a las definiciones, en esta se señala que los productos
digitales son “programas de computo, texto, video, imágenes, grabaciones de
sonido y otros productos que estén codificados digitalmente independientemente
de si está fijos o en medio portador o sean transmitidos electrónicamente.”[xxiv].
En el capítulo 15 de dicho
tratado se señala una desgravación total de derechos aduaneros, u otras cargas
relacionadas con la importación o exportación de productos digitales mediante
transmisión electrónica[xxv].
Teniendo en cuenta la anterior
definición se puede concluir que, en materia de Contratación Pública, el uso de
dicha disposición es muy limitada, en la medida en que pocos ejemplos se pueden
formular de acuerdo a las necesidades de las Entidades Públicas, que puedan dar
aplicación a las anteriores disposiciones. Las entidades estatales que
realmente pueden aprovechar estas disposiciones son las empresas estatales es
decir, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de
Economía Mixta.
Un punto que se debe resaltar y,
parte de que este es el único (el celebrado con EUA) de los TLC que se están
estudiando (Corea, Costa Rica y Unión Europea), que contiene una mención
expresa a la posibilidad de adquisición, por parte del Estado Colombiano en un
proceso de Contratación, de productos digitales.
7. CONCLUSIONES.
A título de conclusión se puede
señalar que en esta materia existe una regulación mucho más completa que la que
se origina en la OMC, la cual se encuentra en los diferentes Acuerdos
Comerciales que tiene Colombia (EUA, UE, Corea y Costa Rica), lo que hace que
las disposiciones que se encuentran en la materia sean OMC Plus.
A su turno se encuentran
prohibidas, por parte de los tratados estudiados, una prohibición general a la
realización de contrataciones públicas separadas, lo cual se da como desarrollo
del principio de transparencia y consolidación de los principios del Trato
Nacional y de la No Discriminación. En este punto se debe resaltar la ausencia
de una norma expresa que señale cuál es la sanción, en el caso de que dicho
comportamiento sea adoptado a la luz de un proceso licitatorio que se realice
bajo la legislación colombiana.
Por otro lado en el caso de la
contratación de productos digitales, poca aplicación se le puede encontrar a
dicha disposición, y en gran medida esa poca aplicación se puede ver como
consecuencia de que únicamente se regule en el Tratado De Libre Comercio con
los EUA; y otra razón por la cual solo se encuentra en dicho Acuerdo es el gran
desarrollo en esa clase de productos por parte de las empresas estadounidenses.
Finalmente, se puede establecer
que en todos los Tratados de Libre Comercio, se regula íntegramente el proceso
de licitación de una Entidad Estatal, pues, como se señaló anteriormetne, se
normativiza el concepto de contratación pública cubierta, la publicación de los
avisos de contratación, los mecanismos de selección de los contratistas, la
fase de ejecución y de igual forma se establece un comité que busque la
implementación del capítulo de Contratación por las partes del Acuerdo
Comercial.
8. BIBLIOGRAFÍA.
8.1 INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES
·
Acuerdo
sobre la Contratación Pública (ACP). Organización Mundial del Comercio.
·
Tratado
de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de América. Capítulo 9.
·
Tratado
de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. Título VI.
·
Tratado
de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur. Capítulo 14.
·
Tratado
de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica. Capítulo 10.
8.2 LEGISLACIÓN
INTERNA:
·
Decreto
734 de 2012. Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.
·
Decreto
1510 de 2013. Por el cual se reglamenta
el sistema de compras públicas y contratación pública.
8.3 DOCTRINA:
·
Coverage of the WTO's Agreement on Government
Procurement: Challenges of Integrating China and other Countries with a Large
State Sector into the Global Trading System. Wang Ping
9. ANEXOS.
ANEXO
1.
Cuadro comparativo entre los Tratados de Libre
Comercio, que Colombia tiene vigentes o suscritos con Corea, Costa Rica,
Estados Unidos y la Unión Europea.
ANEXO
2.
Texto
guía para la realización del ensayo “Coverage of the WTO's Agreement on
Government Procurement: Challenges of Integrating China and other Countries
with a Large State Sector into the Global Trading System.”
ANEXO
3.
Acuerdo sobre la Contratación Pública (ACP).
ANEXO 4.
Capítulo
9 del Tratado de Libre de Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos.
[i] Government Procurement
Agreement.
[ii]
Wang Ping. Coverage of the WTO's Agreement on Government Procurement:
Challenges of Integrating China and other Countries with a Large State Sector
into the Global Trading System. Journal of International Economic Law. 21 de
septiembre de 2007 At. 887.
[iii]
Ibíd.
[iv]
Tomado de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/overview_s.htm
[v]
Wang Ping, Coverage of the WTO's Agreement on Government Procurement:
Challenges of Integrating China and other Countries with a Large State Sector
into the Global Trading System. Journal
of International Economic Law. 21 de septiembre de 2007 At. 887.
[vi] Ibíd.
[vii] Contratación Pública: apertura a
la competencia. Tomado de:
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm10_s.htm#govt
[viii] El Acuerdo plurilateral sobre
Contratación Pública (ACP). Tomado de:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gp_gpa_s.htm
[ix] Acuerdo sobre la Contratación Pública. Organización
Mundial del Comercio. Artículo XXI. 1994
[x] Ibíd. Artículo III
[xi] Decreto 734 de 2.012
(Departamento Nacional de Planeación). Artículo 8.1.17. Por el cual se
reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y
se dictan otras disposiciones. Abril 13 de 2012.
[xii] Ibíd.
[xiii] Decreto 1510 de 2013
(Departamento Nacional de Planeación). Artículo 148. Por el cual se reglamenta
el sistema de compras públicas y contratación pública. Julio 17
de 2013.
[xiv]
Ibíd. Artículo 149.
[xv]
Wang Ping, Coverage of the WTO's Agreement on Government Procurement:
Challenges of Integrating China and other Countries with a Large State Sector
into the Global Trading System. Journal
of International Economic Law. 21 de septiembre de 2007 At. 887.
[xvi] Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Corea. Artículo 14.8.
[xvii] Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Costa Rica. Artículo 10.10 numeral 1.
[xviii] Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos de América. Artículo 9.5 parágrafos 3 y 4.
[xix] Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y la Unión Europea. Artículo 183.
[xx] Informe sobre las Negociaciones
del ALCA en materia de Propiedad Intelectual y la Comunidad Andina. Comunidad
Andina de Naciones (CAN). Página 3.
[xxi] Ibíd.
[xxii] Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos de América. Artículo 9.1 parágrafo 10.
[xxiii] Por ejemplo se abren dos
licitaciones por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (órgano que según el anexo 9.1 hace parte del sector central) una de
ellas para adquirir 100 licencias de software y otra para adquirir otras 100
licencias, suponiendo que cada una tenga un valor aproximado de $ 1.000.000,
cada licitación tendría un valor de $100.000.000, logrando no estar cobijada
por el TLC en la medida en que este se aplica para bienes y servicios
contratados por entidades del sector central a partir de US$ 64.786 que
equivale, teniendo en cuenta una tasa de cambio de $ 1.900, a 123.093.400. Como
se puede ver lo que, en el caso propuesto logró el DAPRE, fue “evadir” la
aplicación del TLC separando las contrataciones.
[xxiv] Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos de América. Artículo 15.8
No hay comentarios:
Publicar un comentario